Francia endurece los impuestos a los coches contaminantes

¿Qué son los impuestos a los vehículos de combustión?

Los impuestos a los vehículos de combustión son una medida que algunos países han adoptado para desincentivar el uso de coches que emiten dióxido de carbono (CO2) y contribuyen al cambio climático. Estos impuestos se aplican al comprar o registrar un coche nuevo o de segunda mano, y dependen de la cantidad de CO2 que emite el vehículo por kilómetro recorrido.

¿Qué ha cambiado en Francia?

Desde el 1 de enero de 2024, Francia ha endurecido los impuestos a los vehículos de combustión, reduciendo el límite de emisión de CO2 y aumentando las tarifas. Ahora, los conductores de vehículos que emiten 118 g/km de CO2 o más (antes el límite era de 123 g/km) tendrán que pagar un impuesto de 50 euros, que se incrementa rápidamente según el nivel de emisión, llegando hasta los 60.000 euros para los vehículos más contaminantes. Además, los vehículos que pesan más de 1.600 kg (1,6 toneladas) tendrán que pagar entre 10 y 30 euros por cada kilogramo extra. Estos impuestos se suman a los que ya existían por otros conceptos, como el impuesto de circulación o el impuesto de matriculación.

¿Qué vehículos se ven afectados?

Los nuevos impuestos afectan a muchos vehículos, incluyendo algunos de los modelos más populares y económicos del mercado. Por ejemplo, el Peugeot 208, que cuesta 19.200 euros, tiene una versión de 1.2 litros y 75 CV que emite 120 g/km de CO2, lo que supone un impuesto de 100 euros. Lo mismo ocurre con el Dacia Sandero SCe 75. Por otro lado, los vehículos más grandes, pesados y potentes, como los SUV o las berlinas, se ven gravados por el impuesto por peso, que puede llegar a ser muy elevado. Por ejemplo, un Audi Q7 de 2.5 toneladas y 286 CV que emite 178 g/km de CO2 tendría que pagar 13.900 euros de impuesto por emisión y 27.000 euros de impuesto por peso, lo que supone un total de 40.900 euros, casi la mitad de su precio de venta.

¿Qué objetivos persigue el gobierno francés?

El gobierno francés, presidido por Emmanuel Macron, ha tomado esta medida para cumplir con sus compromisos medioambientales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Francia se ha propuesto alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, lo que implica reducir las emisiones en un 40% para 2030 y en un 60% para 2040. Para ello, el gobierno francés quiere fomentar el uso de vehículos eléctricos o híbridos, que tienen ventajas fiscales y subvenciones. Sin embargo, el gobierno también quiere evitar que los consumidores opten por vehículos eléctricos de origen chino, que son más baratos pero de menor calidad y seguridad. Por eso, Macron ha anunciado un nuevo programa de leasing de vehículos eléctricos fabricados en la UE por 100 euros al mes.

¿Qué impacto tendrá esta medida en el mercado automovilístico?

Los expertos prevén que esta medida tendrá un impacto negativo en el mercado automovilístico francés, que ya se ha visto afectado por la crisis del coronavirus y la escasez de chips. Según la Asociación de Fabricantes Franceses de Automóviles (CCFA), las ventas de coches nuevos cayeron un 25% en 2023, y se espera que caigan otro 10% en 2024. Los impuestos a los vehículos de combustión podrían desanimar a los compradores, especialmente a los de rentas más bajas, que no pueden acceder a los vehículos eléctricos o híbridos. Además, los impuestos podrían afectar a la competitividad de las marcas francesas, que tienen una mayor cuota de mercado en los segmentos de coches pequeños y medianos, que son los más castigados por los impuestos. Por otro lado, los impuestos podrían beneficiar a las marcas alemanas, que tienen una mayor presencia en los segmentos de coches de lujo y deportivos, que son los menos afectados por los impuestos.

¿Qué opinan los ciudadanos y los sectores afectados?

La medida ha generado una gran polémica y ha sido criticada por los ciudadanos y los sectores afectados. Muchos conductores se sienten discriminados y castigados por una medida que consideran injusta, arbitraria y desproporcionada. Algunos argumentan que los impuestos no tienen en cuenta el uso real que se hace del vehículo, ni las condiciones geográficas o socioeconómicas de cada zona. Otros denuncian que los impuestos son una forma de recaudar dinero para el Estado, sin ofrecer alternativas viables y asequibles para la movilidad. Por su parte, los fabricantes y los concesionarios temen que los impuestos provoquen una caída de las ventas, una pérdida de empleos y una deslocalización de la producción. Asimismo, los ecologistas y los defensores del clima cuestionan la eficacia de los impuestos para reducir las emisiones, y reclaman medidas más ambiciosas y estructurales, como el desarrollo del transporte público, el fomento de la movilidad compartida y la mejora de la eficiencia energética.

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